Coordinador General:  Rafael León Rodríguez
Representante en el exterior: Siro del Castillo

La Habana, 
 

 
 

 

EL INFORME DE LA “COMISIÓN PARA LA ASISTENCIA A UNA CUBA LIBRE” DEL PRESIDENTE GEORGE W. BUSH: SUS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DEL PUEBLO CUBANO, LA AUTODETERMINACIÓN Y A LA SOBERANÍA NACIONAL DEL PAÍS.

 

5 de agosto del 2004.

El pasado 10 de octubre del 2003, el actual presidente de los EE.UU. George W. Bush anuncio la creación de una “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre” (CACL), conformada por expertos de distintas ramas del gobierno norteamericano, para que preparara un plan para la transición de Cuba, de “un sistema Stalinista a  una sociedad abierta y que encontrara medios para acelerar la llegada de ese día”.

Para ese fin la Comisión era responsable de “(1) de identificar medidas adicionales por las cuales,  los Estados Unidos podían ayudar al pueblo cubano a lograr un rápido fin a la dictadura de Castro; (2) Identificar programas del gobierno de los EE.UU. que podrían ayudar al pueblo cubano durante la transición”.

El pasado 6 de mayo el Secretario de Estado de los EE.UU., Colin L. Power, expresó en su presentación del informe final de dicha Comisión que: “la meta de ellos era una verdadera transición” y que “cualquier sucesión post-Castro que perpetuara el control del poder por el régimen sería completamente contraria al compromiso hemisférico con la libertad”. Asegurando que “no podía haber reconciliación entre Cuba y los Estados Unidos hasta que se dieran pasos de largo alcance que aseguraran la libertad política y económica en la isla”.

En su presentación el Secretario de Estado dejó bien claro, que bajo las vigentes leyes norteamericanas, en particular el “Acta para la libertad cubana y de solidaridad democrática de 1996” (la Ley conocida como “Helms-Burton”) que:  “Los Estados Unidos tienen prohibido por ley el proveer asistencia a un gobierno de transición post-Castro a no ser que ese gobierno legalice todas las actividades políticas, ponga en libertad a todos los prisioneros políticos, que públicamente se comprometa a organizar elecciones libres y justas en 18 meses, y prohíba que Fidel y Raúl Castro tengan algún papel en el futuro gobierno”. Asegurando también que “ellos (el gobierno norteamericano) tienen en la mente y le dan la bienvenida a un activo papel de la comunidad cubano americana”.

Finalmente Colin L. Power afirma que “tienen la esperanza de que este Informe ayudara a los Estados Unidos, a sus vecinos en las Américas, y a las naciones libres en el mundo a apoyar mejor los esfuerzos del pueblo cubano para asegurar su derecho a la democracia y realizar sus sueños de un futuro mejor”.

De la presentación del Secretario de Estado norteamericano del Informe, se desprende del mismo que:

Primero. La actual administración quiere acelerar el proceso de transición en Cuba de acuerdo con un plan desarrollado por sus funcionarios e implementado de acuerdo con sus propios criterios. Sin consulta o tomando en consideración lo que piensa y quiere el pueblo cubano. En particular la disidencia, que en múltiples documentos y desde distintas perspectivas  han presentado proyectos para la transición. Pero sin embargo, sí consultaron, a los sectores más conservadores y cercanos a las políticas de la administración actual de la comunidad cubana en los EE.UU., en invitación hecha a estas por el Departamento de Estado el pasado 9 de febrero del 2004.

Segundo: Que esperan que su plan le sirva de directivas, a los países del Continente Americano y del mundo libre, para determinar sus políticas hacia Cuba y la promoción de la transición en la isla, que respalden el mismo, pero sin haberlos consultado previamente.

Tercero: Que todos los planteamientos, acciones y proposiciones contempladas en el Informe de la Comisión, están limitados en su implementación y realización según las normas que fueron arbitrariamente establecidas, en franca violación de la autodeterminación y soberanía cubana, por la “Ley Helms-Burton de 1996”. No se puede leer el Informe y analizar su contenido sin tener a mano el texto de dicha ley.

Cuarto: En este sentido el Secretario de Estado se le olvido señalar entre otras cosas, las limitantes que contiene la ley “Helms-Burton” a la hora de proveer asistencia a un gobierno de transición post-Castro. En particular  lo contemplado en dicha ley, de que es potestad del Presidente de los EE.UU. el determinar si el gobierno que haya en Cuba es un gobierno de transición o no y también el importante requisito, contemplado en la Sección 205 de dicha ley, de que ese gobierno “esta tomando o demostrando un progreso notable en la devolución a los ciudadanos de los Estados Unidos (...) de las propiedades confiscadas por el gobierno cubano el 1ro de enero de 1959 o posteriormente, o ha proveído una completa compensación por esas propiedades...”.

Sin embargo, parte de lo que al Secretario Power se le olvidó señalar, no lo ignoraron los redactores del Informe, ya que en su Prefacio  los mismos afirman que: “para que se pueda dar la asistencia, los prerrequisitos establecidos en la “Acta para la libertad cubana y solidaridad democrática de 1996”, para la asistencia a un gobierno de transición y uno democráticamente electo tienen que ser satisfechos. Las recomendaciones de este informe relacionados sobre la futura asistencia a Cuba solamente pueden ser implementados si esas medidas y requisitos son cumplimentados”.

Afirmando también que la Comisión no había tratado los aspectos legales, regulatorios y las barreras presupuestarias que pudieran estar prohibidas o limitadas por las leyes existentes de los EE.UU. o que necesitan de fondos en un futuro. Señalando que para poder proveer todo lo que se contempla en el Informe, todas estas prohibiciones legales y presupuestarias tenían que ser contempladas y resueltas.

Nuevamente el gobierno norteamericano sé auto define con este informe, de ser los únicos arquitectos de cómo debe y puede ser la transición a la democracia en Cuba. Señalándole al pueblo cubano los pasos que en esa búsqueda de la transición pueden y deben dar y los que no pueden tomar. Dictándole también lo mismo a la comunidad internacional.

Planteamiento que solo ayudan a incrementar la lamentable imagen de que el problema cubano es básicamente el diferendo existente entre los dos países y ocultando así, la verdadera realidad del problema, de que el único y verdadero diferendo es el que existe entre el gobierno de Cuba y un amplio sector de la población.

Por otra parte el gobierno de los EE.UU. que muchas ocasiones se presenta a sí mismo como el gran defensor de los derechos humanos en Cuba, asume por declaraciones públicas, tanto del Presidente Bush, como del Secretario Power,  el Informe de la Comisión que contiene medidas que son claramente violaciones de los derechos humanos fundamentales del pueblo cubano e inclusive del propio pueblo norteamericano.

Entre las recomendaciones que se encuentran en el Primer Capítulo del Informe, titulado “Acelerando la Transición en Cuba”, se plantean medidas, algunas de ellas, ya implementadas el pasado 16 de junio y otras el 22 del mismo mes, relacionadas con la limitación de los viajes a Cuba de las personas de origen cubano y también de los propios ciudadanos norteamericanos, así como del envió de remesas a la isla por parte de estos, que están en franca contradicción con múltiples resoluciones tanto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como de la propia Comisión de Derechos Humanos de esta entidad donde exhortan:

“Una vez más a todos los Estados a que garanticen la libertad universalmente reconocida de viajar a todos los ciudadanos de otros países que residan legalmente en su territorio (...) Exhorta a todos los Estados a que permitan, de conformidad con la legislación internacional, el movimiento sin restricciones de las remesas financieras que los ciudadanos de otros países que residen en su territorio envíen a sus familiares en el país de origen (...) Exhorta también a todos los Estados a que se abstengan de promulgar disposiciones legislativas concebidas como medidas coercitivas que establezcan un trato discriminatorio contra migrantes legales, se trate de individuos o grupos, al redundar en detrimento de la reunificación de las familias y del derecho de enviar remesas financieras a sus familiares en el país de origen, o deroguen las que estén vigentes”.

En el caso de las limitaciones impuestas por la Administración del presidente Bush, tanto a los cubanos como a los norteamericanos, para viajar a la isla son también violatorias  del derecho universalmente reconocido en el Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que afirma que “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Derecho ratificado en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas.

En esta parte del Informe el gobierno norteamericano, de forma prepotente e inhumana, redefine los auténticos lazos familiares de los cubanos, estableciendo estrictas limitaciones a los cubanos que viven en su territorio, de a que familiares se les puede visitar o se le pueden enviar remesas de asistencia humanitaria. Ignorando con esta cruel redefinición los fundamentos y los valores tradicionales de la familia que tenemos los latinoamericanos.

Las limitaciones impuestas a partir del pasado 16 de junio, sobre el envió de asistencia a las personas en Cuba, cuenta también con el agravante de limitar la ayuda, que de forma  independiente y ajena a los intereses y propósitos del gobierno norteamericano, se le estaba haciendo llegar a los distintos sectores de la disidencia y la emergente sociedad civil cubana para su supervivencia y funcionamiento. Pues aunque en el informe se señala que este tipo de ayuda va a poder continuar, el gobierno de EE.UU. se reserva el derecho, controlando el otorgamiento de las licencias especificas para estos casos, de seleccionar a los que pueden mandar la ayuda y a los que la pueden recibir. Vale la pena destacar que en muchos casos, los grupos o personas de la oposición que habían estado recibiendo la ayuda independiente hasta ahora, no comparten las políticas norteamericanas con respecto a Cuba y se han expresado públicamente en contra de ellas.

Pero no son solamente las medidas relacionadas con las visitas o el envió de remesas las que violan los derechos humanos de los cubanos. Otras de las recomendaciones presentadas en el Informe de la Comisión, son “medidas coercitivas unilaterales”, que tanto la Asamblea General de la ONU,  como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han condenado reiteradamente en resoluciones, que instan “a todos los Estados a que se abstengan de adoptar o aplicar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas, en particular aquellas medidas de carácter coercitivo con efectos extraterritoriales, que cree obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impidan la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal  de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el derecho de las personas y de los pueblos al desarrollo.”

Denunciando también en sus resoluciones  que “la aplicación de esas medidas como instrumentos de presión política o económica contra cualquier país, especialmente contra los países en desarrollo, por sus efectos negativos en la realización de todos los derechos humanos de vastos sectores de la población, como los niños, las mujeres, los ancianos, los discapacitados y los enfermos”.

Con muchas de las nuevas medidas que recomienda la Comisión, lo único que pretende la Administración republicana de Bush es reforzar el injusto y cruel embargo que padece el pueblo cubano, e incrementar el dolor y el sufrimiento que ya padece el mismo.

Si preocupantes son estas violatorias medidas más preocupante es el contenido “Neo-Plattista” que contiene todo el Informe. Pues pese a que en distintas partes del mismo se refieren, a que los programas e iniciativas propuestas en el Informe no están tratando de “prescribir como se organiza a sí misma una Cuba libre o que políticas se deciden  finalmente, estas decisiones son del pueblo cubano”, en el fondo las directivas están dadas claramente y las penalidades por no cumplirlas las dejan entrever claramente también. El nombramiento contemplado en el Informe de un “Coordinador para la Transición’ en Cuba, a nivel del Departamento de Estado,  nos recuerda a los procónsules de principios del siglo pasado a raíz del fin de la Guerra de Independencia y comienzo de los primeros gobiernos republicanos.

Preocupante también es la medida propuesta por la Comisión de establecer una plataforma aérea de trasmisiones, supuestamente para radio y televisión Martí, llamada “C-130 Commando Solo”, que constituye una franca provocación, con la que espera una drástica reacción por parte del gobierno cubano (como pudiera ser un éxodo masivo incontrolado), que les facilite una intervención armada.

Como también preocupa, cuales son los objetivos verdaderos de este Informe. Si de acuerdo con los redactores del mismo, existen “barreras presupuestarias que pudieran estar prohibidas o limitadas por las leyes existentes de los EE.UU. o que necesitan de fondos en un fututo” y que “todas estas prohibiciones legales y presupuestarias tienen que ser contempladas y resueltas”. Si de acuerdo con las recomendaciones de “Asignación de Fondos” hecha por la propia Comisión, solamente existen aprobados en estos momentos $7 millones de dólares, de los $59 millones que recomienda el Informe. Si contemplamos que estamos a solamente unos meses de las elecciones presidenciales en los EE.UU., hecho que dificulta enormemente que el resto de los $52 millones que faltansean aprobados en el Congreso para el presupuesto del año fiscal entrante, y que las únicas medidas que han sido puesta en efecto son las que no requieren dineros adicionales, tenemos que preguntarnos  cuales son las razones para hacer público el Informe en estos momentos.

Todo parece indicar que las ocultas razones del lanzamiento de este informe solo responden a cuatro objetivos. El primero y más peligroso, es el de provocar una reacción por parte del gobierno de Cuba que le dé “justificación” al presidente George W. Bush, para considerar las mismas como un acto hostil en contra de los EE.UU. y tomar entonces medidas drásticas, algo que ya varios voceros de la administración norteamericana han declarado. Segundo, sofocar más económicamente al pueblo cubano en su ya precaria situación, buscando una descontrolada explosión social. Tercero, limitar y dificultar la ayuda a los disidentes y opositores que no concuerdan con las políticas norteamericanas. Cuarto, garantizar el respaldo electoral del sector más conservador, de las personas de origen cubano que se han naturalizado y votan, en las próximas elecciones presidenciales.

Las 500 páginas del Informe de la “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre” encierran un mensaje bien claro del protagonismo proteccionista y director, que los EE.UU. se han asignado a sí mismo con respecto a Cuba. En una era unipolar y hegemónica como la que se vive hoy en día, donde los EE.UU. se adjudican el derecho de determinar los destinos de otros países, ignorando inclusive la búsqueda del consenso y del apoyo de otras naciones democráticas y libres, el presente y el futuro del pueblo y la nación cubana esta en serio peligro.

Siro del Castillo

Representante de Proyecto Demócrata Cubano
en el Exterior

 

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